El pasado 12 de julio el Consejo de Ministros alumbró un nuevo Real-Decreto Ley, por el que se adoptan medidas urgentes para “garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico”. Un Real-Decreto Ley es básicamente una ley impuesta por el gobierno, que no necesita de ser votada en el parlamento (aunque todos sabemos que la votación también es un trámite inútil cuando un partido tiene mayoría absoluta). Esta reforma del sector eléctrico es un timo en toda regla, que favorece descaradamente a las grandes empresas que luego “contratarán” por sumas millonarias a los perpetradores de dichas leyes (véase Felipe González en Gas Natural y Mr Aznar en Endesa), dejando al ciudadano totalmente indefenso. ¿Qué podemos hacer ante estos abusos?

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